El general (r) Jaime Humberto Uscátegui reiteró que su proceso por la masacre de Mapiripán fue basado en pruebas sin confirmar y testigos que reconocieron haber faltado a la verdad ante la administración de justicia por los hechos registrados entre el 15 y 20 de julio de 1997 en el departamento del Meta por paramilitares comandado por Salvatore Mancuso.

Para el oficial en retiro, todas las pruebas indican que las víctimas de dicha masacre fueron nueve, sin embargo no entiendo por qué el propio Estado colombiano presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos 49, por lo que el Ministerio de Defensa fue condenado a pagar 16 mil millones de pesos.

Asegura que muchas de las víctimas que declararon en su caso, ahora enfrentan un proceso penal por haber mentido para obtener beneficios económicos. Esta situación será puesta de presente en el recurso de revisión que están realizando actualmente para ser radicado ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

“Más de 15 paramilitares postulados a Justicia y Paz han reconocido mi inocencia”, precisó el oficial en retiro al señalar que incluso estos testigos ya reconocieron quiénes fueron los verdaderos responsables y colaboradores de la masacre, así como las personas que convencieron a otras de mentir para recibir el pago de una indemnización.

Incluso el presidente de la República, Juan Manuel Santos en un oficio lo exoneró de cualquier responsabilidad puesto que las tropas implicadas en la vigilancia de dicha zona no estaban bajo su jurisdicción. Aclaró que este tema debe ser prioridad de la Comisión de la Verdad que se está creando en La Habana (Cuba).

“El único derecho que no me han podido quitar es la vida, me quitaron todos los derechos. A mí me tienen allá como una tumba, alejado de la familia sin poder trabajar ni realizará ninguna actividad”. El general se encuentra privado de su libertad en el Cantón Norte.

“Llevo 16 años pagando cárcel, me faltan 16. Lo más probable es que yo salga de acá para el cementerio pero hasta el último día voy a seguir adelante”, señaló el oficial en retiro quien se hizo presente en los juzgados de Paloquemao para escuchar la lectura del fallo en contra de las tres falsas víctimas de Mapiripán.

Sin embargo, debido a que los procesados no han regresado la totalidad del dinero la diligencia judicial fue reprogramada para el próximo 1 de octubre.

El general (r) Jaime Humberto Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, asegura que espera que el fallo contra tres falsas víctimas de esa mantanza favorezca su situación. La audiencia de condena se iba a realizar este lunes pero fue aplazada.

La Corte Constitucional condenó a Uscátegui considerando que omitió sus funciones al no "proteger" a esa población del Meta. 

En entrevista con EL TIEMPO dijo que presentará una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia alegando que en su caso pesaron las declaraciones de personas que se acreditaron como víctimas con mentiras. 

¿Qué espera que suceda luego de este fallo contra tres falsas víctimas?

El proceso de Mapiripán es el primer caso del Siglo XXI que va a ser examinado y publicado por Comisión de la verdad porque está suficientemente demostrado que hay falsas víctimas, confesiones amañadas, artimañas, engaños, prevaricatos que han inducido a la justicia colombiana a condenarme en forma injusta y arbitraria a 37 años de cárcel.

¿Usted espera que este fallo le ayude a buscar una absolución?

Sí, esta es una de las partes que favorece mi situación. Por eso con la Fundación Defensa de Inocentes vamos a asistir a esta audiencia, vamos a presentar una acción de revisión ante la Corte Suprema de Justicia para que me reconozcan todas las pruebas sobrevivientes y todas las pruebas que se han ignorado durante el proceso.

¿Qué irregularidades cree que hubo en su caso?

Los testimonios de falsas víctimas son muy graves. Las víctimas fueron 9 y a raíz de estos testimonios se habló de 49 y el Estado colombiano pagó 16.000 millones de pesos por indemnizaciones. Es tan grave que el Colectivo de Abogados en sus folios habló de miles de víctimas. Fueron 9 víctimas y así lo acreditó la Consejería Presidencial de los Derechos Humanos del presidente Samper, así lo certificó la Procuraduría de los Derechos Humanos y ahora en 2011, la juez 30 de Justicia y Paz Yolanda Prada Ruiz certificó que eran 9 las víctimas.

¿Cuáles van a ser las pruebas suyas para su defensa ante la Corte?

Tengo el certificado del presidente Juan Manuel Santos donde él evidencia que esa no era jurisdicción mía y que esos no eran los hombres bajo mi mando y hay más de 200 pruebas que ignoraron durante el proceso y las vamos a recaudar ahora en la acción de revisión que va a presentar la fundación Defensa de Inocentes.

Si esa no era la jurisdicción suya, entonces ¿de quién era?

De la Brigada Móvil 2 del Ejército al mando de un Coronel, Lino Sánchez, ya condenado a 40 años. Precisamente Salvatore Mancuso en las recientes declaraciones ya aceptó la colaboración que recibió de Lino Sánchez y la Brigada Móvil 2. En el Urabá antioqueño fue el coronel Jorge Eliécer Plazas Acevedo.

¿Falta alguien por ser señalado en este caso?

Todas las falsedades, los prevaricatos, las arbitrariedades, las pruebas falsas, todo eso está en mi proceso, el cual está terminado porque todo está al día.

Todos los paramilitares ya hablaron y todos reconocen mi inocencia y dicen cuáles fueron sus colaboradores en el campo político y militar.

¿Cuál cree que es el interés de vincularlos en este caso?

Desviar la investigación. Necesitaban un chivo expiatorio para poder justificar todos esos errores, es la página más vergonzosa de la justicia colombiana en toda su historia. Saben que si yo demuestro mi inocencia, esto va a ser una vergüenza para el país, para la justicia y el Estado colombiano, por eso yo tengo una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual ya me admitieron porque los jueces y magistrados del Sistema Interamericano de Derechos Humanos ya reconocieron que a mí se me violaron los derechos.

¿Cómo ha sido este tiempo en la cárcel?

Imagínese cómo puede sentirse una persona que ha perdido todos los derechos. El único derecho que no me han podido quitar es la vida. A mí me tienen allá como en una tumba, alejado de la familia, sin poder trabajar, sin poder realizar ninguna actividad.

Yo creo que ni al peor delincuente del país le han puesto una condena como la mía y todo eso debido a las falsas víctimas, a los falsos testimonios y a muchas fallas de la justicia colombiana.

Con mi condena quieren justificar muchas cosas, quieren ganar indulgencias con padre nuestros ajenos, por eso he solicitado con la fundación Defensa de Inocentes la Comisión de la Verdad, esa que acaba de ser aprobada en el proceso de paz en La Habana, que en mí proceso se ocupe esa comisión.

JUSTICIA

Mariela Contreras, Zuly Herrera y Algemiro Arévalo admitieron haber incurrido en los delitos de fraude procesal y estafa agravada al Estado Colombiano. El Juez confirmó condena.

(Si desea consultar sobre el allanamiento de cargos, seleccione el siguiente fragmento: 1 hora, 45 minutos, 08 segundos).

El abogado de Mariela y familiares solicitó compulsar copias al Colectivo de Abogados "José Alvear Restrepo" (58 minutos, 54 segundos).

General Jaime Uscátegui es reconocido como víctima por el Tribunal Superior de Bogotá.