Hay un caso aberrante y es el del Teniente Coronel (TC) Hernán Orozco Castro, militar colombiano que está condenado a 40 años de cárcel por la masacre de Mapiripán, pero que se encuentra actualmente protegido en el exterior por unas medidas cautelares, que en el año 2002 le otorgó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Por esa razón, este criminal que debería estar pagando su condena en Colombia, como lo reclaman las víctimas y la sociedad en general, hoy está disfrutando de la impunidad que propició su salida del país, en circunstancias que son claramente fraudulentas.

En la memoria de los colombianos, ya está presente el relato de los paramilitares que, el 12 de julio de 1997, viajaron en dos aviones desde el Urabá antioqueño hasta San José del Guaviare para ejecutar la masacre de Mapiripán. Recordemos que para ese momento el TC Hernán Orozco era el comandante encargado del Batallón Joaquín París, unidad militar que tenía como función custodiar el aeropuerto de San José de la Guaviare, al cual llegaron los paramilitares, y velar por la seguridad de toda la zona, incluido el municipio de Mapiripán (Meta).

Son abundantes las pruebas que ligan al Batallón Joaquín París, y por consiguiente a su Comandante Orozco, con la actividad criminal de los paramilitares. El controlador aéreo de San José del Guaviare narró cómo el 12 de julio recibió una llamada del Batallón Joaquín París para autorizar la llegada de los dos aviones en cuestión, y anunciar que tres camiones recogerían a los pasajeros que luego serían identificados plenamente como paramilitares. El Obispo del Guaviare denunció que en el trayecto de los paramilitares hacia Mapiripán, éstos se detuvieron en las instalaciones del TC Orozco y, luego de cambiar sus ropas civiles por uniformes militares, continuaron su recorrido que culminaría con la tortura y muerte de decenas de pobladores de Mapiripán.

Con estas pruebas que obran en el expediente judicial, entre muchas otras, no es sorpresa que el TC Hernán Orozco esté condenado a 40 años de cárcel en Colombia. Lo que sí es sorpresa es que en el año 2003 este oficial haya salido del país, cuando ya se encontraba vinculado formalmente a la investigación y se vislumbraba una fuerte condena en su contra por los hechos de Mapiripán. Sin embargo, una mente criminal no tiene límites y mucho menos cuando encuentra aliados para delinquir.

Cuando el TC Orozco se vio cercado por la justicia colombiana, contactó a la ONG “Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo” (CAJAR) con la cual negoció su salida del país, ofreciendo a cambio su testimonio en contra de oficiales de mayor rango. Este pacto quedó evidenciado en una grabación del TC Orozco, certificada como auténtica por la Unidad de Acústica Forense de la Policía Judicial de Colombia en marzo de 2003: “la idea mía de que me contactaran con ellos (CAJAR) fue porque me descongelaran mi trámite para salir del país y efectivamente me lo descongelaron y ya me tiene al otro lado, o sea que esa fue la intención mía, pero obviamente que ellos pues aprovecharon de que uno es militar y todo y pegadito de la ayuda pues vienen los favores no?”.

Sí, pegadito de la ayuda vienen los favores… y por eso otros militares como el General Jaime Uscategui, hoy condenado a 40 años por la masacre de Mairipán, han sido víctimas de las acusaciones temerarias de la dupla Orozco-CAJAR. El mismo senador Gustavo Petro Urrego, durante un debate en el año 2006, no tuvo reservas a la hora de denunciar públicamente esta situación: “Orozco está libre y está libre por una razón: porque una ONG de Derechos Humanos de izquierda le ayudó a salir del país con tal que atestiguara contra el General Uscátegui. A la ONG le parecía más importante, desde el punto de vista de la opinión pública nacional e internacional, la condena del General que la condena del que verdaderamente había propiciado la masacre”.

Pero lo que realmente llama la atención es el papel que la OEA, y particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), jugó en la salida del TC Orozco de Colombia. Los documentos indican que el 12 de abril de 2002, en respuesta a una petición del CAJAR, la CIDH solicitó al Estado colombiano adoptar “medidas urgentes para preservar el derecho a la vida y la integridad personal” del TC Hernán Orozco. Posteriormente, entre el 21 y 23 de mayo de 2002, la CIDH visitó Colombia y en reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores y el TC Orozco, éste último expresó su deseo de salir del país, frente a lo cual ninguna de las partes mostró objeciones y el oficial sale del país, 8 meses después de la citada reunión, con destino a los Estados Unidos.

La pregunta que surge es si la CIDH fue asaltada en su buena fe o, si por el contrario, sus actuaciones indican algún tipo de apoyo al contubernio Orozco-CAJAR.  Algunos preferimos pensar que la ONG de izquierda, con su fachada de defensa de las víctimas, engañó a la CIDH, así como tiene a muchos otros engañados en Washington DC.  Ahora le corresponde a la OEA y el Estado colombiano enmendar su error, empezando por solicitar la extradición del TC Orozco a Colombia.